Pero México no es La Habana, Valentina

16/07/2020 - 07:10

La diputada al Congreso local, Valentina Batres, hermana del Senador Martí Batres y en compañía de la también legisladora local, Martha Soledad Ávila Ventura, impulsan una reforma a la ley sustantiva civil vigente,  asombrosamente absurda por su inconstitucionalidad.

Redación MX Político.- La arrogancia es el refugio de la ignorancia y el fanatismo, no cabe duda.

Una mezcla explosiva la de estos dos últimos defectos o vicios de la conducta humana.

Y tal parece que es la constante, en el proceder de algunos legisladores extraídos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido mayoritario hasta hoy y lo peor, partido del Presidente de la República. ¡Qué riesgo, hay que decirlo con todas sus letras, ahora sí!... Todo un peligro para la Ciudad de México, por lo pronto, si no se les cuidan las manos y no se les pone un "hasta aquí".

 

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Dos diputadas locales al Congreso de la Ciudad de México, una de ellas perteneciente a una familia de políticos de izquierda que patentizan su admiración en grado idílico por la cultura revolucionaria socialista soviética y cubana, hasta en los nombres de pila de sus miembros: Martí, Lenia, etcétera.

Y la otra legisladora involucrada, Martha Soledad Ávila Ventura, es la mismísima coordinadora de la bancada en el Congreso capitalino, de este embrión de partido denominado Morena que, grandilocuentemente se ha autoasignado un providencial sitio en la historia patria, como los protagonistas del "cambio verdadero", de la "Cuarta Transformación" histórica del país.

 

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Menudo desplante.

Pero el caso que nos ocupa, va más allá del tufilllo canábico que desprende el análisis ideológico de los nuevos "padres de la patria".

Se trata de una peligrosa aberración jurídica, perseguida desde la ignorancia o, lo que fuera peor, bajo el trastorno de la ambición en pos del "avance político" de su causa, disfrazada del voluntarismo mediante el que le venden a su clientela electoral la "reivindicación social y política".

Propusieron en días pasados al seno del Congreso de la Ciudad de México, una reforma al Código Civil de la Ciudad de México, que se encuentra fuera de todo parámetro lógico, confeccionada con notable ignorancia -se reitera- o como un peligroso despropósito.

Se proponen en esta reforma al Código propuesta, suprimir el derecho del arrendador o propietario del inmueble, al desalojo del inquilino ante el incumplimiento de pago por el servicio del arrendamiento, que le da vida al respectivo contrato. De igual forma propone, palabras más palabras menos, que se suprima el requerimiento de los arrendadores por el mes de depósito y del pago por adelantado de un fondo para cubrir daños causados al inmueble. 

Esto equivale a pretender que los particulares tienen la obligación de subsidiar las necesidades de terceros, cuando estos se están obligando mediante un contrato, es transferir de manera indebida, arbitraria y desproporcional; una obligación del Estado para la cual los mismos particulares ya contribuimos a través de nuestros impuestos.

Es el Estado y no los propietarios de inmuebles el que debe otorgar a los arrendatarios las alternativas para que estos ejerzan su derecho a la vivienda de manera plena. ¿Cómo? Otorgando un ingreso como seguro de desempleo, dando apoyo para el pago de rentas o proporcionando viviendas de carácter social, sin afectar los derechos de los arrendadores.

Atacan en su afán reformista, uno de los derechos más valiosos del régimen jurídico-político que todavía poseemos en México -afortunadamente-  pues no ha cambiado, pese a la propaganda facciosa y tramposa que se hace desde el propio discurso presidencial, cuando se habla de "un nuevo régimen". El régimen de los Estados Unidos Mexicanos sigue siendo republicano y para cambiarlo, es menester la reforma constitucional los artículos 40 y 41 o, de plano, promulgar una nueva Constitución Política y eso, no ha sucedido... ni sucederá. O veremos si el pueblo se los permite.

En nuestra Constitución política vigente, en nuestro régimen (orden) jurídico-social, se consagra entre varios derechos, el derecho a la propiedad, convertido en una valiosa institución para la vida económica de los mexicanos, conseguida a sangre y fuego, tras muchas décadas de lucha.

México no es una República Socialista como la de Cuba... y la Ciudad de México no es La Habana... afortunadamente.

 

 

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En México hay derecho a la propiedad privada, máxime cuando un buen inmueble, se trata como en muchos casos, del único bien que ha logrado consolidar como parte de su patrimonio un individuo o una familia a lo largo de su vida y por generaciones. Es el producto de su esfuerzo genuino y, sobre todo, el usufructo de este cuando se arrenda, constituye ese "seguro del desempleo o de retiro", que este Estado mexicano imperfecto es incapaz de garantizar aún;  ese derecho al desempleo o al retiro que a ningún trabajador o ciudadano se le puede negar.

Este es un asunto del ámbito de los derechos de segunda generación que es ineludible en nigún sistema jurídico que se diga garantista de los derechos humanos de las personas. 

En México, para conocimiento de las diputadas locales Batres y Ávila Ventura,  nuestros bisabuelos, abuelos y padres, lucharon por consolidar un Estado que se encargase de garantizar los derechos fundamentales para la vida y la armónica convivencia de la sociedad, entre ellos el derecho a la vivienda.

Resulta, que ahora que son gobierno, las diputadas morenistas pretenden esquivar la responsabilidad del estado de garantiza el acceso a la vivienda a la población vulnerable económicamente hablando pretenden que los particulares asumamos esa tarea. 

¿Pues para qué los tenemos como autoridades gubernamentales?, ¿Para qué les pagamos?

La reforma que pretenden impulsar es inconstitucional, porque violenta el derecho fundamental a la propiedad privada, reconocido en los artículos, 14, 16 y 27 de nuestra Constitución, y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Justo eso es lo que pretende establecer una iniciativa de reforma al Código Civil de la Ciudad de México en materia de arrendamiento, propuesta por las legisladoras de Morena Martha Soledad Ávila Ventura, y Valentina Batres Guadarrama, quienes hacen una errónea interpretación del derecho humano a la vivienda, al considerar que son los arrendadores (dueños) los que tienen la obligación de cumplir con este derecho, cuando en realidad son las autoridades las que, como entes del Estado, deben aplicar recursos del erario en beneficio de los arrendatarios (inquilinos).

Este es un tema que ha sido ampliamente discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyendo que es constitucionalmente posible que el Estado afecte la propiedad privada, pero solo a través de la figura de la expropiación por causa de utilidad pública y, mediante una indemnización justa.

Obligaciones mutuas

En la propuesta de reforma se define al arrendamiento de vivienda como un contrato específico por medio del cual "la relación entre las partes cumple con el objetivo social de coadyuvar al cumplimiento del derecho a la vivienda de la parte arrendataria a cambio de un rédito a favor del arrendador".

Este párrafo de la iniciativa denota el desconocimiento de nuestro derecho civil por parte las legisladoras de Morena, pues el arrendamiento es un contrato nominado, bilateral y oneroso en el que ambas partes, inquilino y propietario, tienen obligaciones recíprocas, es decir, la obligación del pago de renta de una de las partes del contrato es interdependiente de la obligación del arrendador de proporcionar el uso del inmueble en condiciones adecuadas.

Si una de las partes no cumple con la obligación a su cargo no puede exigir -informal o judicialmente- que la otra parte cumpla con la suya, ergo, el propietario de la vivienda no está obligado a seguir arrendando el inmueble si el inquilino incumple con su obligación del pago de la renta.

De hecho, el Código Civil de la Ciudad de México, así como la jurisprudencia, establecen como regla general que, si una de las obligaciones se hace imposible de cumplir, debido al caso fortuito o a la fuerza mayor sobrevenidos después de la firma del contrato, la obligación de la otra parte queda insubsistente.

En otras palabras: Si el arrendatario perdió el empleo o, vio reducidos sus ingresos, por lo cual le es imposible seguir pagando la renta, la obligación del propietario de proporcionar la vivienda deja de existir, por lo que este último tiene derecho a pedir la desocupación del inmueble.

Ignorancia jurídica

La iniciativa de reforma al Código Civil de la Ciudad de México también pretende hacer obligatorio el término de tres años -como mínimo- para todos los contratos de arrendamiento, además de que el arrendador perdería su derecho a conservar el depósito en caso de recisión anticipada por parte del inquilino.

En estos puntos nuevamente estamos ante el desconocimiento del derecho civil y de la teoría de los contratos por parte de las autoras de la propuesta: la pena convencional es inherente a todos los contratos si así lo pactan los contratantes, y esta es independiente del depósito que se deje en garantía.

Se trata de una protección recíproca tanto para el arrendador como para el inquilino, pues el propietario del inmueble también puede ser penalizado en caso de que pida la rescisión del contrato de manera adelantada, sin una causa legal que lo justifique.

Ahora bien, el depósito que se deja en garantía no debe confundirse con las penas convencionales, pues su naturaleza jurídica es la de garantizar el pago de los daños que pudiera ocasionar el inquilino en el inmueble arrendado, siempre y cuando estos no se generen por el uso habitual de la vivienda.

Las legisladoras de Morena deberían saber, dado que se dedican a elaborar leyes, que un contrato puede tener en sus cláusulas penas convencionales y carecer de depósito; o viceversa, se puede pactar el pago de un depósito y no estipular penas convencionales, pues se trata de figuras jurídicas distintitas.

Menos oferta, daño a los inquilinos

De prosperar esta iniciativa, la consecuencia inmediata será el encarecimiento de la vivienda en arrendamiento, pues la oferta de bienes en renta va a disminuir, los propietarios venderán sus inmuebles e invertirán en otras entidades donde sí se respete el derecho a la propiedad privada, y existan las condiciones de seguridad y certeza jurídica que permitan el desarrollo pleno de una actividad económica lícita, como lo es el arrendamiento.

 

 

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Lejos de beneficiar a aquellos que carecen de vivienda propia, el Poder Legislativo de la capital del país en realidad ocasionará que se eleven las condiciones para que estos puedan rentar un inmueble.

Así que, diputadas morenistas, Valentina Batres y Martha Soledad Ávila Ventura, es un buen momento para que empiecen a despojarse de la arrogancia de pretender asestar un golpe así a la población de la CDMX.

O en el caso de que no sea arrogancia, sino ignorancia pura, es también momento de empezar a instruirse en el tema jurídico legislativo, pues ese es su oficio temporal, para el que fueron electas.


Pónganse a estudiar y dejen el ocio ideológico para otros tiempos.

Tocar el derecho a la propiedad privada, puede constituir el catalizador de la caída definitiva de los gobiernos de Morena.

No crean "ser de los amores consentidos", como decía Pedro Infante.

Así que "si es pasión... que se te olvide".

Porque la Ciudad de México... afortunadamente no es La Habana.

hch