Giran orden de aprehensión contra Cárdenas Palomino

24/09/2020 - 15:03

Por el delito de tortura, es imputado el exjefe policial, colaborador de Genaro García Luna.

Redacción MX Político.- Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal durante la gestión del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, está siendo declarado perseguido de la justicia mexicana por el delito de tortura.

Lo anterior, dado que un juez federal libró una orden de aprehensión en su contra, en la modalidad de instigador y autor material dentro del tipo delictivo de tortura.

Luis Cárdenas Palomino, fue uno de los más estrechos colaboradores del secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

Esta resolución judicial fue emitida por el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, el pasado 6 de septiembre dentro de la causa penal 10/2020 que inició la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 elementos y exmandos de la Policía Federal acusados de golpear y torturar a cuatro personas que fueron detenidas el 27 de abril del 2012.

 

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La imputación señala que Cárdenas Palomino ordenó y dirigió la detención y tortura de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, y Sergio Cortez Vallarta, sobrino de Mario e Israel, para obligarlos a firmar confesiones en las que ambos "aceptaban" ser integrantes de una banda de secuestradores.

En la denuncia también aparecen como víctimas los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, detenidos y golpeados dentro de su domicilio en la misma fecha por un grupo de 12 policías federales que estaban bajo el mando de Cárdenas Palomino.

Mario Vallarta, Sergio Cortéz y los hermanos Ricardo y Eduardo Granados fueron acusados de formar parte de la banda de secuestradores "Los Zodiaco" y actualmente están a la espera de una sentencia definitiva en el proceso penal relacionado con el presunto plagio de un comerciante supuestamente privado de su libertad en el domicilio de la familia Estrada Granados, en un predio que también funcionaba como pensión para automóviles.

En el expediente también se libra la orden de aprehensión contra los otros 12 elementos de la extinta Policía Federal que participaron en el operativo para la detención de los hermanos Estrada Granados y de Mario Vallarta y Sergio Cortez, servidores públicos que ingresaron sin orden de cateo a un domicilio particular, con el argumento de que había flagrancia y de que las puertas del lugar "estaban abiertas de par en par".

En el examen de ortopedia que se le realizó a Sergio Cortez Vallarta el 1 de mayo del 2012, el peritaje concluye que Cortez presentaba traumatismos provocados por "culatazos" y que los golpes que recibió de un elemento de la Policía Federal le provocaron una pérdida auditiva del 60%.

Además, al momento de realizar los Protocolos de Estambul, la perito independiente Luz Mila María Páez concluyó que en todos los casos las lesiones descritas en los dictámenes físicos, las narraciones de los cuatro afectados, las secuelas en la salud de estas personas y las alteraciones emocionales que sufren desde el día de los hechos "son concordantes y positivas" para acreditar la tortura.

"Con motivo de esa detención, (los afectados) recibieron de sus aprehensores golpes físicos y maltrato psicológico con el fin de que confesaran su participación en un secuestro", señala la consignación.

"La tortura  física se presentó cuando los activos del delito en su calidad de elementos aprehensores les propinaron a las víctimas del delito golpes con manos y pies, así como con las armas de cargo de cada uno de ellos, toques eléctricos en algunos casos y la colocación de bolsas de plástico para cubrirles la cabeza, acciones que representan tortura, pues éstas fueron (realizadas) de manera reiterada por un largo periodo, no obstante que los elementos policiales tienen la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales", señala la resolución judicial.

Por lo que se refiere al caso específico de Luis Cárdenas Palomino, el juez de la causa consideró que el día del hecho delictivo, "dicha persona en su calidad de superior jerárquico de los suboficiales de la policía federal que participaron en la detención, autorizó para que les infringieran golpes" a las víctimas, además de golpear él mismo a los afectados.

"Con lo anterior, también queda demostrado que la intervención del inculpado Luis Cárdenas Palomino fue en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, es decir, como autor material, pues ejecutó el hecho por sí mismo", concluye el fallo judicial.

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, las penas de prisión que se le pueden imponer a los hoy imputados van de los 3 a los 12 años de prisión.

hch