Ebrard, su cuñada y Banco Azteca construyen el futuro... en Honduras

05/10/2020 - 07:00

Redacción, MX Político.-  El pasado 11 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Banco del Bienestar celebraron un convenio con Banco Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, para que esta empresa distribuya los 31 millones de dólares que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará a sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras.

 

Apenas seis meses antes, Grupo Salinas había nombrado al frente de Banco Azteca Honduras a la hondureña Viviana Bueso Asfura, una mujer con magra experiencia en el sector bancario, pero conectada al más alto nivel de la llamada Cuarta Transformación: es cuñada de Marcelo Ebrard Casaubón, el influyente titular de la SRE.

 

Su hermana, Rosalinda Bueso Asfura, está casada con el canciller desde 2011, y ambos procrearon mellizos; en junio pasado, representó a México en las reuniones de las “primeras damas” de la cumbre del G20 celebrada en Osaka, pues López Obrador no quiso ir y envió a Ebrard en su representación.

 

Según su perfil de LinkedIn, Viviana Bueso fue reclutada por Grupo Salinas en febrero de 2019 –solamente tres meses después de la toma de posesión del gobierno actual–, y apenas en octubre siguiente fue elevada al cargo de Gerente General de Banco Azteca Honduras.

 

En mayo pasado, la mujer viajó a la Ciudad de México y firmó dos convenios con la Cancillería y el Banco del Bienestar en representación de Banco Azteca: el primero era un “convenio de confidencialidad” –para reservar “toda aquella información a la que se tiene acceso en forma directa o indirecta, relacionada con aspectos comerciales, financieros, técnicos, operativos, legales, de logística”–; el segundo era el “convenio en materia de transferencia y administración de recursos”, que planteaba la dispersión del dinero de los programas sociales.

 

De acuerdo con estos convenios –que tiene Proceso–, los recursos provienen del “Fondo México”, un fideicomiso controlado por Ebrard y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), un organismo desconcentrado de la Cancillería dirigido por Laura Elena Carrillo Cubilla, una incondicional del canciller y de su proyecto político: ser presidente después de López Obrador.

 

Al igual que la mayoría de los personajes que Ebrard colocó en puestos de confianza en la SRE, Carrillo Cubillas no forma parte del Servicio Exterior Mexicano, pero tiene una larga historia con su jefe: militó en el Partido de Centro Democrático, una agrupación fundada en 1999 por Ebrard y su mentor, Manual Camacho Solis; trabajó en el DIF en la administración capitalina, y entre 2009 y 2012 coordinó ocho libros sobre educación con Ebrard, tres de los cuales incluían a Bueso Asfura, su esposa.

 

Para Carrillo, la lealtad hacia Ebrard es un asunto de familia. Su padre, Mario Carrillo Huerta, es amigo del canciller desde hace décadas, y ocupó varios cargos clave en su administración capitalina. Su hermano, Mario Miguel Carrillo Cubillas –actual funcionario del gobierno poblano de Miguel Barbosa Huerta–, presidió la Fundación Equidad y Progreso, AC, en Puebla, una agrupación creada en 2010 para impulsar la candidatura de Ebrard a las elecciones presidenciales de 2012.

 

Y no sólo eso: Carrillo Cubillas es prima hermana del diputado federal Mario Delgado Carrillo, actual aspirante a la presidencia de Morena, quien es pupilo de Ebrard y uno de los principales promotores de su proyecto presidencial.

 

Los convenios fueron firmados por Bueso Asfura y Mario Roberto Andino Bernhard –apoderado legal de Banco Azteca Honduras–. Del lado del gobierno mexicano, firmó Carrillo Cubillas, así como Armando Martínez Palacios y Claudia Paola Domínguez Paniagua, respectivos director general adjunto de Banca Social y directora de Canales Masivos en el Banco del Bienestar.

 

Para este reportaje se agendó una entrevista telefónica con Carrillo Cubillas, la cual fue cancelada de último momento; este semanario también envió un cuestionario a la funcionaria, pero éste no recibió respuesta.

 

En paralelo, Proceso envió un cuestionario a la Cancillería con preguntas específicas sobre el tema. En respuesta, la dependencia mandó un escrito de dos hojas y media en el cual elogió la política de desarrollo de Centroamérica impulsada por la administración de López Obrador, que “quiere ser un ejemplo a nivel mundial y va a cambiar la forma en la que se percibe la cooperación para el desarrollo ante la comunidad internacional”.

 

Indicó que, de manera “completamente novedosa e inédita”, los recursos se entregarán “directamente a los beneficiarios” sin pasar por las tesorerías de Honduras y El Salvador, y que la AMEXCID, después de reunirse con “diversos bancos”, eligió a Banco Azteca para repartir el dinero en Honduras, “buscando productos que fueran eficientes, con base al perfil de la población objetivo, que preponderantemente vivan en zonas rurales”.

 

Sin embargo, en su respuesta a Proceso, la dependencia no contestó a ninguna de las preguntas explícitas sobre el involucramiento de Ebrard en el otorgamiento del convenio, es decir, si estaba enterado o no, si dio su aval o no, y si sabía o no que su cuñada lo firmaría en nombre de Banco Azteca Honduras.

 

Salinas Pliego, de nuevo

 

El convenio establece que los ciudadanos hondureños que recibirán los recursos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro deberán abrir cuentas “Azteca Fácil” o “Guardadito” en Banco Azteca, el cual cobrará 25 Lempiras –alrededor de 22.5 pesos– por emitir una tarjeta y recibirá una comisión de 15 Lempiras –cerca de 13 pesos– por “cada dispersión en favor de cada beneficiario”. Todos estos recursos los pagará el Banco del Bienestar.

 

Según el convenio, la AMEXCID elaborará el padrón de beneficiarios en Honduras, e instruirá a Banco del Bienestar para que deposite recursos a Banco Azteca, el cual a su vez lo dispersará en las cuentas de los beneficiarios, que serán identificados en un padrón elaborado por la agencia.

 

Así, la Cancillería replicó en Honduras la política que el gobierno de López Obrador aplicó a nivel nacional: pasar por el banco de Salinas Pliego para distribuir recursos de los programas sociales, a través de las famosas “tarjetas del Bienestar”.

 

En su informe de 2019, Grupo Elektra –que controla Banco Azteca– reportó que, al cierre del año pasado, había distribuido “más de 36 mil millones de pesos” a “casi 6 millones de beneficiarios” de los programas sociales del gobierno federal. El grupo reportó 119 mil millones de pesos de ingresos, 15% más que el año anterior, y una utilidad neta de 16 mil 151 millones de pesos; Salinas Pliego, por su parte, vio su fortuna personal crecer de 700 millones de dólares a 11 mil 700 millones de dólares en 2020, según la revista Forbes.

 

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