Corrupción en el ISSSTE / En opinión de Georgina Howard Sánchez

25/05/2020 - 12:40


Redacción MX Político.- A pesar de la insistencia de Andrés Manuel López Obrador para recalcar que la corrupción es un mal del pasado, desde el ISSSTE han dado muestras de que aún no han encontrado la cura contra el padecimiento. 

El problema es que, para detectar el origen, el gobierno actual habría de superar la fase de negación antes de que la situación sea más grave.

La mirada mundial se encuentra sobre el equipo de Luis Antonio Ramírez Pineda luego de que Amnistía Internacional (AI) documentó las condiciones en que labora su personal, sobre todo porque incluyó testimonios alarmantes tanto para el sector salud como para los operadores de limpieza, quienes se encuentran constantemente expuestos a la pandemia por Covid-19.

En este último rubro, resaltaron testimonios como el de Alejandro N, quien a sus 70 años de edad pidió que sus actividades se enfocaran al aseo de áreas administrativas, propuesta a la que sus jefes accedieron, pero a cambio de recortarle aproximadamente el 16% de su sueldo, a pesar que “gana el equivalente a cinco dólares estadounidenses al día”.

El trabajador es parte de la plantilla de Grupo Relissa, empresa que fue contrata por 380 millones de pesos para encargarse de la limpieza de los hospitales y oficinas que el ISSSTE tiene asentados en la Ciudad de México.

Al investigar más sobre la proveedora nos encontramos con que en su contra existe una denuncia interpuesta por la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, en la que señalan que su domicilio fiscal es una bodega totalmente abandonada que se ubica en Tlalnepantla, Estado de México. 

A las irregularidades detalladas por el organismo internacional se añade la falta de equipo necesario para evitar contagios; no obstante, en el sector, Grupo Relissa es conocido por desarrollar sus operaciones bajo el ala de Pedro Mario Zenteno, quien como Director Normativo de Administración y Finanzas no sólo se encargaría de entregarle contratos y evitar que les apliquen deducciones por deficiencias en el servicio, también por ahorcar a otras empresas.

Por ejemplo, el director del Hospital General de Toluca, José Alejandro Andrade, ha amagado con parar labores si el Instituto no entrega al menos 3 millones de pesos que adeuda a Ocram Seyer, contratista que a pesar de cumplir a cabalidad con la desinfección de cada área no ha recibido el pago por al menos siete facturas.

La situación es grave, pues el impago ya provocó que no existan fondos suficientes para reabastecer el equipo y materiales necesarios para garantizar la sanidad de las instalaciones. 


*** ¿Deshonestidad en la 4T? 
 

En Jalisco cada vez miran con menos agrado a Antonio Pérez Garibay, quien, a pesar de sostener la bandera de Morena, no se apega a los pilares de honestidad que buscan mantener al interior de esta fuerza política. 

Se lo digo porque los “negocios” de este personaje incluso comenzarían a afectar su entorno familiar, pues resulta que su hijo, Sergio ‘El Checo’ Pérez, busca desmarcarse de todo lo relacionado con su padre, luego de que hasta sus oídos llegaron versiones de que se ufana de tener conexiones con líderes del partido para defraudar a familias como la encabezada por el famoso cantante, Vicente Fernández, o bien, los Rodríguez Morquecho. 

Así, el político se coloca, pero como punto rojo para la Cuarta Transformación, más aún si lo que quieren es reflejar congruencia con sus estatutos y estar listos para las elecciones de 2021. 


*** ¿Hasta cuándo en Fonacot?


Donde las cosas no pintan nada bien es al interior de la Secretaría del Trabajo, pues corre la versión de que, el director del Instituto Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, le dobló las manos a la secretaria Luisa María Alcalde.

Nadie se explica por qué permanece en su posición, a pesar de las presuntas anomalías cometidas durante su primer año de administración, en donde se incluye la creación del Fondo de Protección de Pagos (FPP), mismo que viola al menos una veintena de leyes y reglamentos, tal como lo expresa la auditoría interna 04/2019, la cual por cierto fue reservada durante cinco años.

Asimismo, se identificaron alertas por posible malversación, opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, ya que ni los Lineamientos ni las Reglas de Operación del FPP cuentan con cálculos técnicos específicos para establecer el pago de contraprestaciones a los servidores públicos encargados de su administración.


*** Fiscalía por Conade
 

En la Fiscalía General de la República (FGR), al mando de Alejandro Gertz Manero, versa una denuncia en contra de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara y su equipo, por diversos delitos, como cohecho y asociación delictuosa, por presuntamente solicitar “moches” para la asignación de un contrato de 16.5 millones de pesos para operar los comedores de la institución. 

El denunciante es la proveedora de dicho servicio hasta el año pasado, la empresa CIMSA, quien fue sustituida por la firma SEREL, parte del poderoso Corporativo Kosmos, al mando de Jorge y Elías Landsmanas, grupo ligado a la administración peñista y que arrastran señalamientos por mala calidad en alimentos, sobreprecios e incumplimiento de contrato, por lo que, en el sector aseguran que salió peor el remedio. Vaya que urge la intervención de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval.


 
 

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