La consulta contra los expresidentes y la independencia del Poder Judicial / En opinión de Ricardo Raphael

27/09/2020 - 05:00

Redacción MXPolítico.- La iniciativa de consulta popular para juzgar a los expresidentes de México, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, debería ser rechazada como ilegal porque atenta contra la forma de gobierno establecida en la Constitución mexicana y restringe derechos humanos. 


Argumenta el mandatario que es la única vía para encausar penalmente un conjunto amplio de delitos cometidos por sus antecesores: 

“Se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes… No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal… El país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes.”

El razonamiento es simple: sin la consulta propuesta ni las instituciones ni las leyes serán capaces de investigar y sancionar los presuntos delitos señalados en el texto de la iniciativa presidencial. En consecuencia, el mandatario propone proceder por esta vía extraordinaria para la impartición de la justicia. 

El problema surge cuando es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que debe valorar la constitucionalidad, no sólo de la propuesta, sino del argumento detrás de ella. Para sancionarla como legal, el máximo tribunal tendría que coincidir con el presidente en el sentido de que no existe otra vía para darle cauce al reclamo social. 

El desafío al Poder Judicial sube el tono cuando López Obrador afirma: “si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esta tarea con absoluta libertad”. En otras palabras, la libertad referida no se halla presente en el estado actual de las cosas. 


¿No cuentan hoy con suficiente libertad los jueces, los magistrados o los fiscales para investigar, ponderar, juzgar y sentenciar los presuntos delitos cometidos por los mandatarios del pasado?

Esta es la primera pregunta que la SCJN tendrá que resolver. Si el Poder Judicial concede no tener suficiente independencia, entonces considerará que la consulta popular es el único cauce para obtener esas garantías mínimas que un juzgador requiere a la hora de decir el derecho. 

Hay en este dilema una trampa difícil de sortear, ya que no es cierto que esta consulta vaya a aportar mayor independencia al Poder Judicial. Cabe, de hecho, temer justo lo contrario. 

En caso de ser aprobada, durante los meses previos a la consulta se erigiría inevitablemente un tribunal paralelo para juzgar a los expresidentes que rebasaría a los tribunales jurisdiccionales. 

Ya en el texto presentado por López Obrador se perfilan argumentos de populismo punitivo que son imposibles de procesar dentro del marco constitucional mexicano. Se acusa, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari por multiplicar la desigualdad y también el número de multimillonarios mexicanos; y a Ernesto Zedillo por haber endeudado al país con el Fobaproa. 

Ambas acusaciones son políticamente relevantes; tanto que por ello Andrés Manuel López Obrador es un presidente muy popular en el presente. Sin embargo, resulta difícil tipificar esa actuación política bajo una conducta delictiva previamente fijada en nuestras leyes. Nullum crimen sine lege, reza el viejo adagio jurídico del derecho romano. Con todo respeto, como suele decir el presidente, aunque nos reviente “el neoliberalismo” o “el neoporfirismo”, la práctica de esas ideologías no convierte a nadie en criminal. 

Sin embargo, el tribunal paralelo que comenzó a trabajar formalmente con la entrega de la propuesta para la consulta no se rige por estándares legales. La única ley que estas instancias suelen respetar es la de la oferta y la demanda del escándalo mediático. Pueden acusar sin pruebas, pueden linchar sin consecuencias, pueden desatar campañas de odio sin importar las lesiones que imponen sobre el estado de derecho.


Si la SCJN declara legal esta consulta popular habrá otorgado valor constitucional a un tribunal paralelo que terminará imponiendo sus resoluciones sobre su propia jurisdicción. Sería tanto como encajarse el sable del populismo punitivo contra su propio vientre. 

El Poder Judicial mexicano requiere robustecer su independencia frente a las presiones de la opinión pública, y también respecto a la manipulación que sobre él quieran ejercer los demás poderes. Constitucionalizar esta consulta sería tanto como renunciar a la independencia que es pieza central de la separación de poderes. Por esta razón es que la consulta atenta directamente contra la forma de gobierno del Estado mexicano. 

Por otro lado, los tribunales paralelos no están interesados en los derechos de sus inculpados, sino en conmover las entrañas sociales dispuestas para el linchamiento. Su lógica es de mercado y no de derecho: venden agravios y asignan culpas sin que medie otro criterio que el apetito mercurial del público. 

Esta lógica implacable, hija predilecta del maldecido neoliberalismo, suele negar a las personas inculpadas todo derecho relacionado con su honor, buen nombre y reputación, pero, sobre todo, niegan cualquier derecho a la presunción de inocencia. 

Una vez exhibidos los restos del inculpado sobre la hoguera de la opinión pública, poco importan las razones, los argumentos, la evidencia o los testimonios a la hora de ofrecer una sentencia conforme a derecho. La única justicia posible es la de la venganza. 

Si fuese aprobada por la SCJN, esta consulta arrebatará a los presuntos delincuentes cualquier posibilidad de defensa justa. Para cuando llegue el día en que pisen por primera vez un juzgado ya pesarán sobre ellos y su descendencia cientos de años de hielo y repudio social. 

Hay en México otros cauces legales y respetuosos del debido proceso para juzgar cualquier delito que los expresidentes hayan eventualmente cometido. López Obrador no necesitó, por ejemplo, de una consulta popular para instituir la comisión investigadora del caso Ayotzinapa. Ese modelo que involucra al poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República está dando muy buenos réditos. ¿Por qué no aprovechar la experiencia en vez de provocar la ruptura del orden constitucional?  


Autor: Ricardo Raphael 
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